En la secuencia de las publicaciones, que en forma periódica me permito compartirles, tenía lista mi entrega del día que, en Progreso, aconteció un acto luctuoso de alto impacto. Ante ello, esperé al resultado de los acontecimientos, para expresar mi opinión al respecto.
Lo anterior, para no sumarme a la vorágine de comentarios (en diversas expresiones), que comenzamos a escuchar en nuestro propio municipio y, con la velocidad de internet, llegó a todo México y, hasta, el extranjero.
Los medios de comunicación realizaron (en forma poco usual), una cobertura que, en la radio, prensa y televisión, posesionaron a Progreso, en un entorno de salvajismo, por lo que aconteció. De pronto aparecieron los expertos en seguridad y en leyes. Sin mesura, escuchamos a quienes se adelantaron a quien debe establecer la verdad de lo que aconteció: al Juez.
Dos acontecimientos han sacudido a Progreso con gran impacto. Por el primero, en 1987, tres jóvenes de nuestro municipio fueron a parar a la penitenciaría del estado, por un homicidio que no cometieron. La reclusión por mas de un año, para infortunio de ellos y sus familiares y para quienes debimos sortear lo intrincado de los ‘vericuetos’ legales y, lo peor, en ese asunto, no hubo castigo alguno para quienes sí perpetraron el asesinato.
Ante el segundo acontecimiento, otra vida que mucho lamentamos; solo que, no en la forma en que la propalaron, sin recato difundieron y con saña juzgaron, aun en los más altos niveles de la vida pública del estado. Todos, sin reflexión.
Una vez que la señora Juez estuvo en posibilidad de conocer, los datos de prueba de la procuraduría y los medios que ofreció la Defensa, nos enteramos de que no se trató de un feminicidio. Con ello, asumo que es una buena señal, desde la impartición de justicia, pues su resolución se acerca mucho a lo que en realidad pasó. En el proceso penal, con los recursos al alcance de las partes y, hasta el trámite del juicio de derecho fundamentales, seguirán dando claridad al asunto, confío.
A consecuencia, lo que siguió a tan lamentable suceso, requiere la intervención de la autoridad. Quienes se manifestaron frente al edificio, tienen todo mi respeto; solo que, se deslindaron, en redes sociales, de la quema del Palacio municipal. Luego, esa barbarie no guarda relación con los hechos, que ahora conoce la autoridad judicial. Entonces, con todo rigor, deben ser objeto de investigación.
Por el acontecimiento de 1987, hubo una amenaza de incendio al edificio municipal. Hoy si quemaron nuestro Palacio. Hay daños considerables y, a consecuencia, es necesario intervenga la procuraduría del estado, con una investigación seria, profunda y profesional.
Como progresense, me lastiman los daños al Palacio municipal, sin razón justificada. Estoy seguro de que, a la inmensa mayoría de mis paisanos también. La real imagen -de Progreso- la que ha hecho fama en muchos años, no la pueden difamar, porque Progreso es:
· El de mujeres y hombres que -día a día- refrendan el origen de su nombre, y
· El municipio de mejor nivel académico de sus estudiantes.
No olvidemos que, mis excompañeros, de la secundaria López Mateos, destacaron en la región. Los trofeos no mienten. Ganaron primeros lugares en poesía, bailables, concursos de bandas de guerra y diversos deportes, de la mano de la muy célebre y bien recordada profesora Rivera Morín. Desde ahí, su proyección profesional.
La imagen de nuestro Progreso -que es imborrable- aparece año con año, por su desfile del 16 de septiembre; que, sin invitación y con gran recepción, convoca a miles de personas de la región. Su alegoría sin par, dicho sea, con respeto, no la realizan ni en la capital del estado.
Ese es Progreso. No el que -desde el resentimiento- generaron la barbarie y la campaña de desprestigio, para hacernos pasar, como salvajes y hasta de trato criminal. Eso, nunca lo vamos a aceptar.
Pareciera que, el origen de ese incendio tiene nombres (s) y, con la ley en la mano, lo debe (n) castigar. Que no pase, como el asunto de 1987; en el que, una cantidad considerable de pobladores sí vieron, lo que la autoridad estatal no pudo -o no quiso- esclarecer.
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