Insistiré en los cinco temas que he expuesto en forma recurrente: prevención del delito / seguridad pública / procuración de justicia / impartición de justicia / reinserción social. En ese orden. En los tres primeros, las instituciones responsables -de esas funciones-, deben actuar en la esfera de su competencia, sin mixturas, porque… “lo que les toca a todos, no le toca a nadie”, dicen.
La prevención -del delito- es de especial relevancia y no solo por los programas a cargo de las autoridades (“Vecino vigilante”, “Diagnóstico de vulnerabilidad -de robo- en casa habitación y vehículos”, etcétera, etc.), también por el actuar del ciudadano; incluso, en la vida diaria, decimos “vale más prevenir… que lamentar”.
Respecto de la seguridad pública (el antes de la comisión del delito) y la investigación (la intervención de la (s) procuraduría (s) / fiscalía (s) a consecuencia), aparecieron mixturas, en tanto, agentes de Seguridad Pública Federal, se metieron -como la humedad-, en las labores de investigación y, por un lado, no hacían contención y, por otro, no dieron los resultados. Las consecuencias son conocidas. En ese tiempo, hicieron los ajustes ‘legales’, para dar intervención a esos elementos, que actuaron a capricho de quien hoy enfrenta un proceso penal en los Estados Unidos.
Desde entonces, parece que no hay clara diferencia en el quehacer de cada una de las instituciones. En la actual administración, un subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (en las conferencias matutinas del señor presidente), informa de investigaciones, cateos, cumplimiento de aprehensiones y otras actividades de la Fiscalía, y pasa por alto su defendida autonomía.
En ese vaivén de quehaceres oficiales (por las mixturas), comienza un serio problema, porque -insisto- no aparecen las estrategias antes de la comisión del delito. Hoy, nos informan de lo que pasó; luego, no tenemos contención y pareciera que no habrá, al grado de que pretenden fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y crear un Centro Nacional de Identificación de Personas, que serían, dijeron, el primero a nivel mundial: Entonces ¿ya se resignaron a que seguirán las desapariciones?, por no poder frenar a los grupos delictivos organizados, ni antes (SSPC), ni después de que actúan (FEMDO).
Lo que es necesario y urgente, es fortalecer los servicios periciales. Ahí hay personal con capacidad suficiente para esos quehaceres, que, ante una buena estrategia y contención, cada día deben ‘desaparecer las desapariciones’. Eso sí que sería un verdadero logro. Hoy, el Ministerio Público, aduce falta de capacitación de quienes, a consecuencia de la seguridad y en los asuntos que intervienen -cuando hay detenidos-, no les llevan los asuntos en tiempo (hay desface), y forma (deficiencias en el Informe Policial Homologado), con lo que ello surge a consecuencia.
En los asuntos -en los que no hay detenidos- los agentes del Ministerio Público demoran, meses y meses y, hasta años, en integrar las carpetas de investigación, en las que siguen trabajando como antaño, bajo las reglas de las averiguaciones previas, en las que -el Juez-, pedía que fuera ‘todo’, como si ya fuera a dictar sentencia, sin un proceso penal, previo. Hoy eso debiera estar superado.
Y no lo está, porque para algunos investigadores y jueces, pareciera que seguimos como estábamos, solo que, en sala de oralidad. El sistema penal acusatorio, que por fin llegó a México, tropezó y, la rueda, se atascó y no vemos para cuando la liberen; al contrario, cada día, parece que se hunde y pierde la objetividad que a esa sistemática caracteriza.
Una vez que llegan a sede judicial, algunos asuntos son devueltos, porque los jueces cuidan las formas procesales y constitucionales y, a consecuencia, no resuelven en el fondo y los asuntos nunca terminan, los tribunales están saturados y la sociedad siente un hastío.
Eso sí, cuando esos jueces constitucionales y sus superiores resuelven, hay que rogar a Dios (ya no hay otro Tribunal más arriba), para que resuelvan en el ‘fondo’, porque lo que empezó como resolución “para efectos” y lo que le ha seguido, solo es regresar los asuntos a la brumosa impartición de justicia y ahí seguimos ‘ahogados’ y, a ello, también contribuyen.
Distinto sería -si al resolver- dijeran los órganos constitucionales, si amparan y protegen -o no-, incluso (en todo lo posible), con la consecuente ‘vista’ a los órganos internos de control y visitadurías de las procuradurías / fiscalías; o, en su caso, a los consejos de la Judicatura, para que, quienes no actuaron, como debieron, lo enfrenten ellos, no los justiciables; menos, las víctimas o los ofendidos.
A lo anterior, sumar que -en algunas provincias- (¿acaso en la capital no?), algunos elementos de seguridad, agentes del Ministerio y jueces, no quieren dar el ‘estirón’, para apegarse a los cánones jurídicos (justicia del Siglo XIX), porque…, ‘puede’ -mucho- la decisión superior, la intervención de personajes del gobierno y las filiaciones partidistas. El resultado de esos asuntos, llegan -en cascada y a borbotones- ante los jueces federales, quienes (guardamos la confianza), no actúan por consigna.
Respecto de la reinserción social, en los últimos tres años, los centros de reclusión alcanzaron altos niveles de población -por la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa-, que no contrastó con la reducción de los índices delictivos, en la delincuencia organizada.
Saludable sería que, hubiese contención, tuviéramos una justicia objetiva y que, el discurso, tenga armonía con el día a día. La seguridad y la procuración de justicia no son actos de política. Las instituciones, deben responder a la sociedad e informar lo que cada uno hace, para que el ciudadano de a pie evalúe. Es mala práctica eso de…. “envíame tus avances…, para el día de mi informe”.
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