En el desarrollo de los procesos (de cualquier materia [civil, penal, etcétera]), es indispensable el ofrecimiento y desahogo de ‘pruebas’ a fin de que, quienes contienden, respalden los alcances de las acciones que intentaron y llevaron ante un Juez. Del cúmulo del material probatorio, tiene relevancia la prueba pericial, que refiero con la explicación que aparece en línea:
“¿Qué es y cuáles son las características de la prueba pericial? …es la opinión fundada de una persona especializada o informada del conocimiento (Perito) que el juez no está obligado a dominar, que emite un dictamen en base a opiniones fundadas. Verifica los hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos”.
En materia penal, quienes realizamos la función ministerial hace algunos años, recordamos que…, el compañero agente de la policía (de guardia), era el ‘experto’. Además de ser auxiliar del investigador, en tareas de campo; guardián de lo que aconteciera, en el día de su servicio -en oficinas-, asumía el rol de ‘perito’ en diversas materias.
Los ex compañeros secretarios tenían los datos personales de los agentes, para su participación en el expediente de averiguación previa. A diferencia del perito ‘oficial’, debían aceptar y protestar el cargo y ratificar su experticia. Cierto, en las procuradurías había peritos, sólo que, por su número, no les era posible cubrir todas las demandas de servicios y surgía la designación.
El agente -de guardia- peritó en balística (armas de fuego), “valuación” y otras materias. Elementos de la entonces Policía Federal de Caminos, además de emitir el reporte de accidente, en la integración de la averiguación previa, dictaminaron respecto de la causalidad y el avalúo de los daños. Así trabajamos mucho tiempo, hasta hace unos 15 años, que detonaron los servicios periciales.
Con la excelsa preparación de los expertos (aunque no de todos), y el uso de la tecnología -hoy- emiten dictámenes asombrosos. Por ello, lo afirmé[1] y aquí reitero, …no es posible emitir una sentencia sin una experticia de relevancia... Empero, hay dos contratiempos:
Primero, la inquietud que emergió poco antes del año 2000, relativa a crear un Instituto de Servicios Periciales, ajeno a las entonces procuradurías (salvo en Jalisco), quedó… en eso. Ni en la competencia Federal, ni en las otras entidades federativas, cristalizó y no vemos para cuando. Contrario a la muy cacaraqueda autonomía -de las fiscalías-, sería más relevante hacer autónomos esos servicios, para que, los agentes del Ministerio Público y los abogados postulantes, estemos en la misma imaginaria y, de paso, observar el principio de igualdad, en el proceso penal.
Segundo, si en las tareas públicas hubo una demora, en la instauración de los servicios periciales, para llegar a lo que ahora tienen, y no han ‘querido’ hacerlos imparciales -en la letra y en la tarea diaria-, qué esperar de los que necesitan los particulares; quienes no tienen, siquiera, la idea de esa actividad, la certeza de su importancia, ni lo necesario para pagar los costos, en algunos casos. De lo último… -lejos- el discurso…, “PRImero los pobres”, por lo que carecen. Hace falta voltear a esos escenarios (en los hechos y con supervisión), no sólo en la expresión.
Hoy, no está en el escenario el tema “servicios periciales”, para crear institutos independientes a las labores de las fiscalías, para dejarlos (también), a disposición de los particulares. Son otras sus prioridades. Ni bien llegaba -a la mitad- la ansiada administración y propiciaron el inicio de las hostilidades, para pelear por la que sigue, con lo que ello ocasiona en el desgaste de la vida pública, y la distracción de los que suben y bajan, van y vienen (con todo y que tienen tareas de tiempo completo). Si no cumplen (en los tiempos), con las que tienen…, ¿cumplirán con la que aspiran?
El tema “servicios periciales”, como otros de relevancia… en procuración de justicia, seguirán en segundo o tercer plano. En tanto, en el más alto escenario de la vida pública, hay regocijo por la oficialización, que hicieron autoridades -de otro país-, de lo que en México era un secreto a voces y algunos hasta lo escribimos: la conducta delictiva, de un ex secretario de Seguridad Pública Federal. Sin duda, es ejemplar la resolución, solo que -más lo sería (por el júbilo que mostraron)- si a quien condenaron, lo hubiesen llevado ante un Juez, autoridades mexicanas.
Debieron hacerlo en otro país. Los mismos que nos ofrecieron apoyo, para la capacitación en servicios periciales, con la Iniciativa Mérida. Dentro de esos trabajos, mis ex compañeros peritos (en materia de balística), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, además de la capacitación, recibieron sendos reconocimientos, en Croacia (2016) y en Singapur (2017). Con ello, el trabajo de esos expertos -hoy-, es de clase mundial y con aptitud para intervenir bajo las reglas del sistema penal acusatorio.
Qué lejanos los tiempos, en los que el agente de Policía ‘peritaba’ y alguno, en alguna ocasión erró (como nos pasa -a todos- por una u otra causa), y refirió, como marca -del arma de fuego-, la leyenda que (en inglés), estaba en el costado del artefacto, y refería a una prevención de seguridad en su uso. Hoy tendríamos mayores avances; empero, en la vida pública de México (como antaño), las prioridades están lejos de temas de seguridad y procuración de justicia. Que viva la política ¡Ufffff!
En materia civil no es menor la problemática. En la secuencia de un juicio ordinario, en un escenario rural, cercana la designación de un perito tercero en discordia, a fin de que dirima entre los que ofrecieron las partes. “¡Cuidado!”, recomendaron, “el ‘tercero’…suele ‘escuchar’ a quien se ‘acerque’ primero, si no tiene la razón, eso es otra cosa” y, -ahí también- el discurso… muy lejos de los pobres.
________________________ [1] Alamilla Palemón. La secuencia del procedimiento penal en el Código Nacional. INACIPE. 3ª Ed. Impresa y electrónica. México 2018.
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