En mi anterior artículo, que intitulé Los teléfonos móviles y la justicia, referí a la investigación del Ministerio Público, respecto de los teléfonos celulares de quienes quedaban a su disposición y, lo que, en su momento establecieron los jueces. Aquí abundaré -en la pretensión- de la Agencia de Trasformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para crear un registro, como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT), que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vulneraba la privacidad y la protección de datos personales.
De entrar en vigor, ese registro, quien tenga un teléfono móvil -o- a partir de la contratación de una línea telefónica, deberá entregar datos personales, consistentes en su nombre, domicilio y biométricos (huellas dactilares y el reconocimiento del iris de uno de sus ojos). Ello, más con riego de atraso, que, de avance en el desarrollo del país, por lo siguiente:
De acuerdo con el censo de población y vivienda -del INEGI-, que aconteció en el año 2020: en México, habitamos 87 millones de personas mayores de 18 años y 17.5 millones entre 10 y 17 años. Esa población, está dispersa a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Vive en grandes ciudades y pequeñas poblaciones, hasta donde esa disposición llegaría, con sus vicisitudes y consecuencias. Porque, al implementar una Reforma o crear disposiciones que impactan a la población < quienes lo hacen >, creen que todo es como el entorno de sus oficinas… …y, no, no es así.
En la evolución de la comunicación, y desde que, en el lejano año 1989 aparecieron -en México- los teléfonos móviles, toda persona pudo tener acceso a una línea, con solo contratar el servicio, con la compañía a la que, el gobierno federal, le otorgó la concesión. Para ello, cumplió con los requisitos correspondientes, con sus datos personales; no solo de nombre y domicilio, en algunas contrataciones, con referencia de pago, como algo adicional.
Qué pasará, ¿en el supuesto de que entren en vigor los requisitos que pretende establecer la ATDT?, y, con ello, obliguen a personas de los medios semirural y hasta rural; incluso, de lugares marginados (en las grandes ciudades), a entregar sus huellas y datos del iris del ojo, para satisfacer los requisitos biométricos, ¿estarán en aptitud y disposición de hacerlo?
De no ser así…, ¿serán menos los que accedan a las líneas telefónicas? porque, en las ilustraciones de la prestigiosa consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU), al 2024, hay 152 millones de líneas de telefonía móvil en México y, con la pretendida reglamentación (como suele ocurrir), ante las complejidades y prohibiciones, ¿surgirán líneas telefónicas dentro del funesto mercado ´negro’?
Ah, y de los 17.5 millones de adolescentes y jóvenes, entre los 10 y 17 años (la mayoría de ellos, con acceso a un teléfono celular), ¿quién podrá contratarles el servicio?, ¿sus padres?, ¿sus tutores (a algunos de ellos) ?, ¿con qué datos biométricos? La invasión… ¿también será para los menores?
No perdamos de vista que, en fecha reciente, desaparecieron al Instituto de Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y, con ello, como ciudadanos, no tenemos punto de sustento u órgano que nos proteja, ante lo ‘avasallador’ de ese registro.
Como algo adicional… …la institución encargada de acopiar la información de 152 millones de líneas de telefonía móvil, ¿cuenta con los recursos para tal almacenamiento y operatividad? Al INAI, lo quitaron “por costoso”, según escuchamos, ¿y?, ahora, un gasto no visto y, sí, ¿calculado?
Ante el ‘trastorno profundo’, que generaría el escenario anterior -imposible- pasar por alto, otro dato que dio a conocer The CIU: durante 2024, fueron 2 millones 200 mil teléfonos móviles, entre robados y extraviados (los menos), en todo México. Algunas de las posibles consecuencias, por la entrada en vigor de las medidas propuestas por la ATDT, las comento a continuación:
¿Qué pasará cuando el usuario extravíe o, le roben, su teléfono celular?, y utilicen su línea para cometer algún delito de alto impacto, incluso, operar -desde ese aparato telefónico- recursos de procedencia ilícita, etcétera. ¿De qué mecanismos y plazos dispondrá el usuario, para darla de baja? Además de las disposiciones administrativas…, …hacia adentro de la citada Agencia de Trasformación Digital de Telecomunicaciones, ¿cuál será el proceder de las fiscalías?
De las 32 fiscalías, además de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿cuál otra recibe denuncias en línea?, sin temor a equivocación, no llegan ni a cinco en todo el territorio nacional; y, ante la pretendida reglamentación, no solo será la preocupación del valor intrínseco, del equipo de telefonía; estarán de por medio los datos personales, que otorgaron (para obtenerlos), e insisto, ¿está listas las fiscalías?; pues…, …quien realice actividades delictivas, no lo hará con una línea telefónica a su nombre.
Y, como algo inquietante, las fiscalías, ¿cuentan con el personal y la disponibilidad de recursos materiales y, en especial, tecnológicos? Porque, en la actualidad, no todos denuncian. Hacen una evaluación del valor de sus aparatos telefónicos, (por el desgaste) y, en especial, por sus tiempos – costos, y, optan por salidas que les permiten ‘reponerlos’. De entrar en vigor el pretendido registro…, y si fueron 2.2 millones de aparatos telefónicos (entre robados y extraviados), podrán recibir, en promedio 6,027 denuncias, ¿por día?; y, por supuesto, realizar las consecuentes investigaciones.
Sin pasar por alto que < para las víctimas de robo >, presentar la denuncia será muy necesario, por las consecuencias jurídicas de no hacerlo y, con ello, no ven retribuida la reparación del daño; eso ocurre, si logran establecer la identidad, ubicación, detención, procesamiento y sentencia condenatoria de quien lo hizo. En tanto, deben realizar gastos para otro aparato telefónico y, en casos apremiantes (a fin de deslindar responsabilidades), hasta para abogados que los asesoren. Lo que también aplica, para quien extravíe su teléfono, por obvias razones.
Por cierto, el objetivo, para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT), fue combatir delitos, como la extorsión y el secuestro; sin reparar en que, un altísimo porcentaje de llamadas extorsivas, provienen de los centros de reclusión; luego, el bloqueo de señales, desde esos lugares (que anunciaron desde hace años), fue y sigue siendo… …un buen proyecto.
Así, con todo y ese registro (que pretenden), la solución no aparecerá (en tanto -los centros de reclusión- sigan siendo las llamadas “universidades del crimen”). Eso sí, la intromisión a la privacidad y protección de las personas, cada vez… …innegable.
Reclaman por la conquista de México… …y, muchos no reflexionan en que < a los mexicanos >, con los registros de teléfonos móviles (y ‘jueces a modo’ [lo que no ocurrió con el PANAUT]), nos tendrían -bajo ‘conquista’-, los que reclaman. Ah, y solo con esas pretensiones, crean un tsunami social.
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