El Padrón Usuarios Celulares, que crearon para disminuir la cantidad de delitos, que realizan desde algún dispositivo móvil, tiene antecedentes y consecuencias de relevancia.
Los antecedentes, por el avance de la tecnología, que no terminan por detonar en las procuradurías / fiscalías. Solo en la Ciudad de México reciben denuncias por ese medio. En las entidades federativas, lo hacen en forma tradicional (ya muy arcaica). Las consecuencias, porque, en cuanto el usuario sufra el robo de su equipo de telefonía, deberá presentar la denuncia, a fin de que, su ‘línea’ no la utilicen (a su nombre y responsabilidad), para la comisión de diversos delitos.
Lo anterior implicará acudir a las, a veces, interminables esperas, para que actúe la autoridad que investiga; además de los consabidos traslados, con los desgates que todo ello genera para el usuario, quien contrata, paga un servicio y deberá lidiar con ese complejo trámite, en las gestiones relacionadas con la denuncia. Esas demoras, no siempre imputables al servidor público, quien no dispone de herramientas para su labor. Siguen actuando a la antigua, por los presupuestos de que dispone.
Ante ese panorama, quizá no sea remoto que -en algunos casos-, el usuario acuda ante la autoridad, no solo a denunciar, sino a acreditar ser ajeno al evento criminoso, por el uso indebido de su línea. Hoy el mercado de las telefonía tiene tanta penetración que, quien no tiene un teléfono celular, tiene dos. Además de que, el titular de una línea no siempre en orientación y opción de su actuar legal. Ahí, veremos falencias, como ocurre en otros eventos de no menor relevancia.
A partir del año 2008, la tecnología hizo acto de presencia en el mundo de la investigación. Fue así como apareció el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, para la creación de juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que permitió al Ministerio Público, solicitar esas medidas cautelares, por medios electrónicos. Eso fue un gran paso. Pensamos que estábamos ya, frente a otros acontecimientos. No fue así, siguieron otros, de menor alcance y lento andar. Hoy, con la creación de ese padrón, será más evidente.
Es de suyo complejo disponer, sin las herramientas para el actuar. La modernidad impone la creación de los medios, para que el usuario tenga la respuesta que espera de la autoridad. De no contar con ello, aparecerán nuevas disposiciones, que se sumarán al amplio mundo de leyes, acuerdos y disposiciones en general, que generan expectativas y opiniones. En ese escenario, el legislador cumplió, no así la autoridad de ejecución. Luego, el usuario será un espectador y quien enfrente los desvaríos y la falta de conjunción, en el quehacer de quienes, no advirtieron lo anterior.
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