
El inicio de toda administración, en los tres niveles de gobierno, genera expectativas que -no siempre corresponden- a lo que de ellas esperamos. Sobran ejemplos en municipios (o alcaldías), entidades federativas y en el gobierno federal. Al margen de seguidores y de adversarios, qué pasaría si en un acto de verdadera responsabilidad administrativa, el gobernante, ordenara realizar una evaluación, en las distintas dependencias de su administración.
Lo anterior tendría diversas finalidades, la primera, establecer si acertó -o no- en la designación o propuesta para el cargo. Porque, una vez que concluye la elección, el festejo y la euforia deben ser breves, ya que…, la responsabilidad …, es monumental.
Quien ganó la elección, debe retribuir la confianza -que la población le otorgó en el voto-, con la mejor designación, en todos y cada uno de los nombramientos que realice; sin olvidar que, quien sufragó a su favor, lo hizo -a veces- contra viento y marea; incluso, ante el asedio de quien está en el poder, y no quiere perderlo, porque desea que -ahí sigan- sus huestes y, su partido, no pierda el dominio.
Luego, a quién (es) confiarle (s) la seguridad, el manejo de los dineros públicos, etcétera. Para tan delicadas labores, ¿pensó en los idóneos?, por sus antecedentes y preparación, con estudios y actualización, que los mantengan vigentes; incluso, a la vanguardia y con el reconocimiento por ello.
O, a la hora de ‘armar’ los gabinetes (legal y ampliado), ¿qué dijeron desde el partido?; porque…, para la designación del entonces candidato y para ganar la elección, ocurrieron ciertas cosas, por las que emergieron ‘compromisos’ por saldar, y… llegó el momento, con la mediocridad que suele ocasionar.
Indispensable la evaluación, también, para ver el funcionamiento de las distintas áreas, de la secretaría o procuraduría / fiscalía. Ahí, los mandos…, ¿saben dónde están las oficinas de la dependencia a su cargo?, ¿las visitan?, ¿llegan por sorpresa, para ver el real funcionamiento?, ¿perciben cómo ofrecen los servicios?, ¿cuentan con lo necesario para trabajar?, ¿disponen de espacios adecuados para el desempeño de sus labores?, ¿hay áreas adecuadas para la atención al público?, ¿hay limpieza y adecuado control? (porque esas oficinas, que son la imagen oficial, muchas veces dan pena ajena), ¿optimizan los presupuestos?, ¿publican estadísticas -reales- de sus avances? y, en forma especial y preponderante…, quienes ahí laboran, ¿están conscientes que son servidores públicos? porque, en algunos personeros, son más las poses que los resultados, …y demás interrogantes que usted (es) quiera (n) adicionar.
Es poco probable, que, desde la mismísima oficina del jefe del ejecutivo municipal, estatal o federal, aparezca el deseo de evaluación -al interior-. Por el contrario, minimiza (n) ese acontecer, con discursos cargados de vehemencia y carentes de soporte. Y no solo lo niega (n), hasta utiliza (n) la arenga sin objetividad, para justificar lo injustificable. Ante eso, citaré por milésima vez el viejo adagio latino: contra los hechos no caben los argumentos.
Por todo eso y por la evolución social, la alternancia no se hace esperar, como también lo hemos visto, y…, ¿lo seguiremos viendo?, porque -hoy- en la administración pública federal, parecieran apostar más por las estadísticas de aprobación que por sus logros (cruciales en las próximas elecciones), en especial, en seguridad e investigación; esto último, contra los grupos delictivos organizados, que, (en algunas regiones), ensanchan su poderío y mantienen en vilo a la población; por cierto, de todo eso, ¿cómo explicarlo a las miles y miles de víctimas y ofendidos?
En ese acontecer, el discurso cargado de vehemencia ya no justifica, por no ser armónico con la realidad. Además, con tendencias partidistas y con los ‘aciertos’ (sin soporte) de hoy, y las culpas del pasado, lejos de lo que -día a día- acontece, con la tácita evaluación ciudadana (a falta de la oficial), que a veces incomoda, en otras malhumora y siempre molesta.
Sin resultado, a consecuencia de una evaluación hacia adentro, en las áreas de seguridad e investigación en contra de los grupos delictivos organizados, el señor presidente insiste en otras opciones, como la elección de jueces, magistrados y ministros. Al respecto, atento los invito a leer mis artículos: Y antes de los jueces, qué, que les compartí el 10 de junio y el que denominé La elección de los ministros, que publiqué el seis de mayo; ambos, en el año en curso, en esta misma página.
Lo delicado no es eso. Lo es, en mi concepto, el que muchos -sin la reflexión debida-, lo sigan a pie juntillas. En sus conferencias mañaneras, hasta lo secundan con preguntas al respecto, sin ocuparse del análisis previo. Del primero de esos artículos, traigo aquí, como una mínima referencia:
“Ahora, … centra sus acciones, para la elección -por votos- de ministros, magistrados y jueces; así, como ‘las partes’ (en materias civil, familiar, mercantil, etc.), eligen a sus abogados…, a quienes conocen, son sus amigos, vecinos, etcétera, y, por diversas causas, no les entregan buenos resultados… Además, para quien sea parte de un proceso jurídico, es posible elegir al Juez y a su abogado, y, con ello -entre otras cosas-, ¿generar algún conflicto?”.
En su municipio (o alcaldía), entidad federativa o en el Gobierno federal…, en algún trámite que realizó, ¿lo recibieron?, ¿fue larga la espera?, ¿cómo lo trataron?, ¿el comportamiento fue de servidor (es) público (s)?, ¿encontró la respuesta que encontraba? ¿qué calificación le (s) otorga? En suma -en la evaluación-, ¿estuvo usted acertado, al emitir o negar el voto, a los que lo gobiernan?
Por su amable respuesta, a todas las interrogantes que aquí refiero…, aquel ‘cambio’ de hace algunos años…, ¿lo fue? La “trasformación” de hoy…, ¿lo es?, o…, solo es otra piel, con los vicios de siempre y los beneficios de otros, porque…, el carrusel gira y -nos deja siempre- en el mismo lugar.
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