
Mi actividad cotidiana, como abogado, me sitúa lejos de las actividades de los partidos políticos. Cierto, algún día hice proselitismo, por mi militancia partidista, de la que me alejé; no por buscar otros colores, sí por ocuparme de la abogacía (oficial o privada) y, de la academia. Sostengo que, cuando la labor de abogados es pública, debe ser ajena a todo acto partidista, para que en realidad sea justicia.
Desde ambos escenarios, es que hoy veo el acontecer actual, con respeto para todos los actores de la vida pública, nacional, de mi entidad y de mi municipio. Eso sí, nada impide que pueda pronunciarme, desde donde me encuentro y, por lo que aquí expreso, más alejado -aún- de quehaceres partidistas.
Como es del dominio público, mañana domingo 01 de agosto del 2021, habrá una consulta. Al respecto, hay un sinnúmero de opiniones. Todas muy respetables. El ‘árbitro’ nacional, otras veces cuestionado (con o sin razón), será el encargado de realizar tal evento de magnitud nacional. Después de las reyertas, que generaron en la víspera, en la consulta preguntarán:
“Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”
Me adhiero a quienes dicen que, “la justicia no es consultable”. En un enlace, de alcance jurídico, podemos citar el artículo 14 de la Carta Magna: “…queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable…”. Si bien -al proceder- en caso de que así fuere, deberán ser en apego a la parte final de esa disposición < el método >, para esa decisión, es el meollo.
Y lo es porque, quien está al frente el Ejecutivo federal, al asumir la responsabilidad, atento al artículo 87 de la Cata Magna, expuso, “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…” y, para ello (entre otras cosas) es que propuso al Congreso a quien realizaría las labores de fiscal de la República, a fin de realizar todos los actos de investigación, tendentes a fincar la responsabilidad, a quien la tenga y por el delito (de competencia federal), que sea.
Mi anterior afirmación, insisto, desde el punto de vista jurídico y con ello surge una interrogante, que dejo a su amable consideración: qué pasará si, el grueso de la población, por diversas causas (la pandemia; la falta de información; la distancia, en algunos casos; aspectos de tipo económico, etcétera), no acude a manifestarse en la encuesta. De facto, habría un tácito perdón, que ‘impediría’ el proceder de quien tiene la obligación de actuar. Luego, todo el pueblo de México estaría ‘encubriendo’, a quien contravino el orden legal. Eso no es posible.
Insisto, a guisa de no cansarlo (s), por mandato constitucional, cada uno de los que están al frente de una autoridad, tienen una obligación, que no pueden dejar en manos de una voluntad popular, ni alejarse del orden jurídico, para acudir a la expresión del pueblo.
Dicen que -la consulta-, “…es un ejercicio de democracia”. Para un servidor de usted (es) -ese actuar democrático- aconteció el día de la elección, en la que el señor presidente triunfó para, en consecuencia, “…guardar y hacer guardar la Constitución…”. Para diversos actores de la vida pública, no es otra su obligación.
De no ser así, quienes asumieron la responsabilidad con el pueblo, de actuar con base en la Carta Magna, ¿lo harían?, como el que fue… “miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea…”, quien ante un evento que le correspondió ocuparse, dice la consulta en línea, en una cita de (Mateos 27:24):
“Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que mas bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis”.
No hago justos (porque no soy Juez) a los que -por la vía de esa consulta- y sin investigación que soporte la procedencia, quieren enjuiciar y, sí, expongo, con respeto a la alta investidura presidencial, que, de no actuar en la forma que la ley preceptúa; incluso, con el riesgo de que no haya mayoría en la tan cacaraqueada consulta y, de facto, un tácito ‘perdón’, no puede -el Titular del ejecutivo- y, como consecuencia, el fiscal general de la República, decirnos a los mexicanos, “vosotros veréis”.
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