Una vez que así lo declaró el Congreso General, en términos del artículo 135, previa aprobación de las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, el 11 de marzo del año en curso publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto relativo a las reformas y adiciones a diversas disposiciones, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción I del artículo 89. Ambos numerales, de la propia Carta Magna.
En términos del Artículo Único, del Decreto de referencia, cambiaron los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107, del citado ordenamiento fundamental. Según los transitorios, las reformas y adiciones cobraron vigencia al día siguiente de la publicación y, dentro de 180 días -a partir de esa fecha-, el propio Congreso, deberá aprobar la legislación secundaria.
Antes y después de ese trámite reformatorio, leímos y escuchamos diversas disertaciones de reconocidos juristas. Todas ilustrativas y de gran relevancia; algunas, incluso brillantes. Desde nuestro escenario, nos sumamos con la visión que tenemos, de la impartición de justicia.
De este y otros temas de justicia, por favor -lo pido por enésima vez-, no solo nos situemos en las capitales del país o de las entidades. Vayamos a los lugres apartados. También es México. Tal petición, porque algunos comenzamos, la tarea de abogados, desde los lugares más modestos.
Respecto de la imagen, no me referiré a los comisariados ejidales, por respeto a quienes, en forma modesta, desarrollan sus funciones con gran pasión y con muy poca orientación. Sí a las autoridades del fuero común, quienes no siempre privilegian la adecuada presentación en los escenarios, en donde imparten justicia. Aducen falta de presupuesto para espacios dignos, como si -ese orden- tuvieran precio. Creo que, más bien, les falta imaginación y compromiso. Descuidan lo que proyectan a quienes ahí acudimos. En algunos casos, quienes los presiden, ni siquiera los visitan.
Con la implementación del sistema penal acusatorio, fue posible superar la imagen de los expedientes, por todas partes. Ese era el mal sabor, incluso, en tribunales federales. Las salas de oralidad son otra cosa. A la medida de un pueblo, que no merece vivir en el atraso. Al tamaño de la necesidad de justicia de nuestros tiempos.
En cuanto a la atención, algunas autoridades quedan a deber. Se confunden. No dimensionan que, ser autoridad, conlleva la obligación, en la atención al público. Privilegian lo primero, desdeñan lo segundo. Luego, lugares lúgubres y sin atención, denotan un escenario no propio de impartición de justicia, muy a pesar de lo que dicen e, incluso, informan en pomposos eventos.
Para algunos, lo anterior carece de sentido, “…lo que importa, es el contenido de las resoluciones”, dicen. Por supuesto, merecen todo nuestro respeto. Nos centraremos en esto último.
El Poder Judicial de la Federación ha tenido diversas estructuras. Con la última Reforma -la que publicaron el día 11-, aparecieron nuevas denominaciones. Desde siempre, he advertido solvencia, en todas sus actuaciones y mucho rigor profesional, en todas sus resoluciones. En todo, con las mínimas salvedades, recurribles o expeditas para el Amparo, por cierto.
A partir del 12 de marzo del 2021 y, una vez que las leyes secundarias, estén vigentes, las necesidades que plantearon, para el nuevo modelo de impartición de justicia, hará posible el ajuste que estimaron útil. Insisto, será un cambio de forma, la solvencia será la de siempre.
Con ello, no estará resuelto el problema de justicia en México, a mi entender. Ahí quizá esté mi discrepancia, con los verdaderos expertos. Lo anterior porque, insisto, el Poder Judicial de la Federación siempre ha tenido solvencia; empero, quienes no hemos tenido ese nivel, seguiremos lejanos, pareceremos -una vez más- ajenos.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales organizó un evento, del 29 al 31 de agosto del 2018, bajo la denominación “Nuevo Modelo de Fiscalía”. Dentro de los destacados ponentes, participó Elodie Mouysset, de la Policía francesa, quien dijo que -en su país-, el personal de la Fiscalía tiene el mismo nivel de preparación, que el de los tribunales. Así, el panorama es distinto.
Las resoluciones, son un buen parámetro para evaluar a los que, ante las autoridades judiciales acudimos. Diversas sentencias, parecen cátedras y no fallos judiciales. Quienes las emiten, son precisos en acotar lo que -algunos- dejamos de hacer, al no plantear debidamente la petición, concretar el argumento, no invocar el fundamento y, a veces, desfazados de la jurisprudencia.
En tanto algunas de las instituciones de impartición de justicia -del fuero común- no semejen, su actuar, a las de competencia federal, y, las de procuración de justicia, no estén a la par de los entes de impartición, ante los que acuden, no podemos hablar de avances de justicia en México. Menos si los que asesoramos, bajo cualquier denominación, no hacemos lo propio por acercarnos a esos niveles, con las salvedades dignas de mi admiración. Todas, de mi respeto.
Desde los congresos, bien harían en formar comisiones, que acudieran a todos esos escenarios, lejos de las cámaras y los micrófonos. Cerca de donde nunca los vemos. Le vendría bien a la justicia -creemos-, que la puesta en marcha de algunos programas y proyectos, comenzaran en los lugares más distantes y menos concurridos, para aportar al desarrollo cultural, amén de lo jurídico. Ahí donde solo se enteran, que hay justicia, sin saber de reformas, ni de otros sucesos.
Los escenarios de justicia no solo están en las capitales. No veo que reparen en eso, incluso, los que las reformas propusieron. Si bien no es su competencia, por empatía nacional, debiera ser de su incumbencia. México solo es uno y no nada más, el de las oficinas de mármol y de madera.
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