Estoy de aniversario. El 8 de septiembre de 2015, recibí la invitación más relevante, para quien -desde tareas elementales-, desempeña la función de agente del Ministerio Público.
El 16 de marzo de 1989, ingresé a la Procuraduría General de la República. Después de ser agente del Ministerio Público (investigador y adscrito a juzgados de Distrito), fui subdelegado, director -ahí conocí al maestro Carlos Mendoza Davis- mi director general. Solo cuatro meses estuve bajo su mando; pues, el maestro Everardo Moreno Cruz, me honró al designarme, primero director de Asuntos Especiales de la subprocuraduría a su cargo y, después, coordinador de asesores.
En tanto colaboré en forma directa, con el subprocurador, solo tuve trato institucional con el maestro Mendoza Davis, que se fortaleció, en tanto me nombraron delegado. Al concluir la función, en forma breve, nos despedimos. Cada uno tomó su camino. Después, me reincorporé, hasta en un par de ocasiones, para ser fiscal y director general adjunto.
El 10 de septiembre de 2015, el maestro Mendoza Davis, tomó posesión como gobernador de Baja California Sur, con el triunfo de su partido, Acción Nacional. En 14 años y 6 meses no nos vimos; vamos, no hubo, siquiera, un saludo de por medio. Con sensibilidad, por mis antecedentes laborales, propuso al Congreso, que yo fuera el procurador general de justicia.
Después de acudir ante la Comisión, en sesión general, el Congreso emitió el respaldo a la propuesta, por mayoría. No la respaldó, con su voto, la corriente priísta; único partido, por el que alguna vez hice proselitismo. Los diputados que votaron, en contra, no conocieron ese antecedente. Justo como debe ser, porque -la justicia- no es acto de política.
De mi paso por la PGR, inolvidable el compromiso del doctor Jorge Madrazo Cuéllar; quien, previas las elecciones del año 2000, en una reunión de delegados, dijo que, quien (es) quisiera (n) participar en el proceso electoral, se alejara (n) de la procuraduría. Enfático afirmó…, “la justicia no tiene color”.
Los gobernantes, no deberían perder de vista ese referente. Así, al realizar la propuesta, para encabezar la fiscalía / procuraduría, pensar en quienes conocen la función -desde tareas elementales- y no, en quien ha tenido otras actividades, que solo le dan posición, sin solvencia jurídica; menos aún, en el correligionario del partido, el compadre o el amigo.
Por conocer las tareas, se acabó el rezago histórico de averiguaciones previas (miles de asuntos que, años y años, estuvieron en el olvido); además, los primeros -en el México actual- en llevar ante la justicia, a los homicidas de un periodista; entre otros muchos éxitos. El gobernante visualizó los resultados, sin poner por delante las siglas su partido.
Con relación a la procuración de justicia, hace no mucho, cambió la expresión y apareció el de “fiscalía”, al que le agregaron… la… “autonomía”. Para efectos de discurso, sí que está a la medida; no así para efectos procedimentales. Es muy simple comprenderlo.
Desde siempre, el Ministerio Público, es el representante de la víctima y del ofendido, a quien debe respaldar -también- un asesor jurídico; de no designarlo él, el estado debe hacerlo. Así, no todo quedará a decisión de quien investiga; pues, de pronto, olvidan el mandato de ley y, no llevan ante el Juez -a quien atentó- en contra de quien representan.
Luego, hay tres escenarios:
- El Ministerio Público, no investiga;
- Cuando lo hace, su superior no lo supervisa y,
- Si determina el archivo, la víctima o el ofendido, estará (n) en posibilidad de acudir ante el Juez de control, como garantía.
Ante cualquiera de esos supuestos -el asesor jurídico- debe actuar; si deja de hacerlo (por error o falta de profesionalismo), el asunto quedará en el olvido, y la víctima y el ofendido, insatisfechos. Esa falta de contienda jurídica, ajena a la “autonomía”.
El tema es recurrente y corren ríos de tinta. En tanto, las tareas de procuración de justicia, en muchos casos, parecen estar a la deriva. Bueno sería conocer los resultados (en números), de todos los conceptos ‘medibles’: cumplimiento de mandamientos, aseguramientos, cateos, vinculaciones a proceso y sentencias, entre otras cosas.
Ahí, sí que hacen falta las acciones del Congreso (además de analizar la experiencia del propuesto), para enterarse y actuar en consecuencia; respecto de quienes lo hacen bien -o no-. En eso, nada tiene que ver la muy ‘cacaraqueada’ “autonomía”. Los distrae y confunden, en vez de ser contundentes y dejar ese sofisma.
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