A MEDIAS

A principios de los años noventa, surgió el primer intento de implementar -en México- el sistema penal acusatorio. No todos los operadores, en ese tiempo, conocimos antecedentes y evolución, para asimilarlo. A los agentes del Ministerio Público nos dijeron que, la integración de los expedientes de averiguación previa, con detenido, debía ser en 24 horas.

Además, comentaron, que dejábamos de ser “causalistas”, para volvernos “finalistas”. Nada más ajeno a la realidad, porque esas dos corrientes, de pensamiento, se relacionan con la evolución de la teoría del delito y, ese cambio, con el proceso penal. Dos cosas distintas.

Años después (segundo intento en la implementación), ante la responsabilidad de llevar la enseñanza a los alumnos, por la transición del proceso penal (Reforma 2008 – 2016), comprendí que, los países de América Latina, ya no toleraban la práctica de un proceso penal anacrónico.

Los trabajos, de las Quintas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, generaron las bases con las que, en la subsecuente reunión, que aconteció en Valencia, Venezuela en 1978, el procesalista argentino Jorge A. Clariá Olmedo, presentó el anteproyecto de una legislación uniforme -en materia procesal penal- para América Latina.

Después de revisiones y discusiones, en la Organización de Estados Americanos, apareció el Código Modelo, del que emergieron los que -ahora- tenemos en los países de la región. México pudo ser el pionero en 1993; empero, no fue así y, en 1999, dimos marcha atrás, con argumentos sin sentido y justificaciones muy pobres que, con pena -hoy- escuchamos, después de más de veinte años.

Por lo anterior, pregunta obligada: los -ahora- operadores del sistema penal acusatorio…, ¿conocen esos antecedentes? Es su obligación…, ah y los historiales, porque el sistema penal acusatorio, data de los años 500 y 400 a. de C., y, a su evolución, se interpuso el “inquisitivo”, surgió el “mixto”, con todo y lo que ello causó y hasta angustió en la América Latina.

La pregunta anterior, extensiva a los directivos de las instituciones que imparten la licenciatura en Derecho (en las provincias), para revisar si sus profesores están actualizados, porque algunos alumnos -al egresar- acusan confusión. Es relevante que, mentores y operadores, tengan el trazo procesal penal, del sistema penal tradicional y del acusatorio, para explicar similitudes y diferencias.

Respecto del proceso penal (el conocimiento de la historia y la evolución en México), es importante imbuirse, porque años y años y no aclara el panorama. Si bien, dimos un paso adelante, al tener un solo código procesal penal, nos quedamos -a medias-, y no solo por el mar de confusión e interpretaciones que hoy existen; además, porque ya nos olvidamos del Código Penal. En la actual administración, nadie, desde las altas esferas de la vida pública, dice nada al respecto.

Ah, eso sí…, nos convocaron para pedir la ‘anuencia’ de que el gobierno cumpla con la ley y, para ello, someter a votación, la procedencia en contra de los expresidentes, a los que -el actual- fustiga, sin sentencia de algún Juez que lo sustente (con todo y la membresía dorada, por ejemplo). Nos llamaron para participar en la revocación del mandato, con todo y que -no ir- en forma tácita, significa estar de acuerdo (razonamiento lógico, que no pudo hacerlo el Titular de la UIF), quien, ante el desaire mayoritario, pidió actuar en contra de quienes no acudimos a expresarlo.

Las elecciones intermedias y las que acontecerán este domingo, en seis entidades, generan toda una vorágine y, muchos, quisieran que ya comenzaran las del 2024, porque eso sí les llena, aunque lo jurídico les deje huecos. Además de los acontecimientos -por la inseguridad- y las desapariciones -por miles-, enmarcados por diversos actos y, los actores, de la seguridad, parecen distantes; porque la realidad, contradice las conferencias y su numeralia.

Es relevante consolidar el sistema penal acusatorio; que, no es nuevo, no es moda y no es imposición. Ah…, y tener un Código Penal Nacional o único. De lo segundo, no advierto que, las instituciones públicas que guardan relación con el tema (SCJN, FGR, CONATRIB, etc.), lo incluyan en sus actividades.

Las facultades y escuelas, que tienen un peso específico -por su prestigio- también están distantes del tema. En las barras y colegios de abogados, lo mismo. En suma, en materia penal y procesal penal, nos estancamos y de paso… ¿ya nos conformamos?, o hasta nos resignamos.

Si bien participé e hice proselitismo, de eso, solo subsiste el respeto para todos. Mi actuación -en el entorno de justicia- (como cuando fui procurador), ajena a la política…, porque “la justicia no tiene color” dijo, aquel lejano año 2000, el doctor Jorge Madrazo Cuéllar; empero, no dejo de reconocer que, entre otros, dos personajes de la vida pública actual (que en su desempeño se relacionan con el tema), sí tendrían sensibilidad para impulsarlo.

Me refiero al maestro Adán Augusto López Hernández y al doctor Ricardo Monreal Ávila. Quizá desde la Secretaría de Gobernación, o desde el Senado, bien podrían impulsar el tema. Por cierto, del segundo, de los que aquí refiero, diferí en su obra relativa al proceso penal. Al margen de ello, es de gran importancia armonizar la legislación penal sustantiva.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), de vacilante existencia en tanto surgió la FGR, tenía ya un sólido proyecto del Código Penal Nacional. Ante el lamentable desvanecimiento, de los acontecimientos, sería saludable retomar los avances. Al paso que vamos, concluirá esta administración (de tantos problemas en materia de seguridad), con un vacío en materia penal.

En tanto llega el futuro, bien valdría la pena que -en el presente- los referidos (secretario y senador), Impulsen la consolidación del sistema penal acusatorio, en los términos en que lo acordaron los países de América Latina. Con la misma vehemencia, con la que el señor presidente lo hace, en estos días (respecto de esos países), a propósito de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles. Además de reiniciar las actividades, para que tengamos un Código Penal Nacional. Urge hacerlo, porque, con la llegada de la “4T”, nos quedamos a medias.